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CIENCIA
POLICIAL
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· En primer lugar, normas claras y precisas que regulen el alcance
y la aplicación de una medida de conservación de datos de este
tipo y que establezcan unas exigencias mínimas, de modo que, las
personas cuyos datos se hayan conservado dispongan de garantías
suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos per-
sonales frente a los riesgos de abuso, garantizando que tal medida
se limite a lo estrictamente necesario.
· En segundo lugar, en relación con los requisitos materiales que debe
cumplir en el contexto de la lucha contra la delincuencia, la misma
debe responder en todo caso a criterios objetivos y debe existir una
relación entre los datos que deban conservarse y el objetivo que se
pretenda lograr.
· En cuanto al público y a las situaciones potencialmente afectadas,
deberán existir datos que puedan presentar una relación, por lo me-
nos indirecta, con delitos graves, contribuir de un modo u otro a la
lucha contra la delincuencia grave o prevenir un riesgo grave para
la seguridad pública. Tal delimitación puede garantizarse mediante
un criterio geográfico.
· Asimismo, el Derecho nacional debe determinar los requisitos con-
forme a los cuales los proveedores de servicios de comunicaciones
electrónicas deben conceder dicho acceso.
· Finalmente, el acceso de las autoridades nacionales a los datos de-
berá tener un control previo, judicial o administrativo independien-
te, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.
En definitiva, y como recoge la sentencia «en principio sólo podrá
concederse un acceso en relación con el objetivo de la lucha contra la
delincuencia a los datos de personas de las que se sospeche que pla-
nean, van a cometer o han cometido un delito grave o que puedan estar
implicadas de un modo u otro en un delito grave (véase, por analogía,
TEDH, 4 de diciembre de 2015, Zakharov c. Rusia, CE:ECHR:2015:-
1204JUD004714306, § 260). No obstante, en situaciones particulares,
como aquellas en las que intereses vitales de la seguridad nacional, la
defensa o la seguridad pública están amenazados por actividades te-
rroristas, podría igualmente concederse el acceso a los datos de otras
personas cuando existan elementos objetivos que permitan considerar