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CIENCIA

POLICIAL

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en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional (es

decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la

prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la

utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas

a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directi-

va 95/46/CE. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre

otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conser-

ven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos

en el presente apartado. Todas las medidas contempladas en el pre-

sente apartado deberán ser conformes con los principios generales del

Derecho comunitario, incluidos los mencionados en los apartados 1 y 2

del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea». (Directiva 2002/58/

CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al

tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad

en el sector de las comunicaciones electrónicas).

Por consiguiente, a la vista de lo anterior, las disposiciones tras-

puestas en los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro con-

tinuaban teniendo un respaldo legal europeo. Ello sin perjuicio de que

como establece el referido precepto, el contenido de estas disposicio-

nes debe respetar en todo momento los principios y valores europeos.

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Otras resoluciones de interés en el ámbito europeo

Como a continuación se expone, la anterior sentencia de 8 de

abril de 2014 solo fue el inicio de una serie de resoluciones europeas.

Así pues, con todas ellas se asientan los principios para tener en cuen-

ta a la hora de desarrollar futuras normativas europeas y nacionales

sobre los datos de tráfico y su uso por parte de las autoridades y fuer-

zas y cuerpos de seguridad. Entre ellas, destacan:

5.1

Sentencia de 21 diciembre 2016 del TJUE

(Gran Sala) Caso Tele2 Sverige AB y Otros contra

Och Telestyrelsen y Otros

Como cabía esperar a raíz de las resoluciones anteriores,

tribunales de Estados miembros se cuestionaron la validez de las nor-