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CIENCIA
POLICIAL
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en («El “Gran Hermano”: Un caso de vigilancia masiva en Europa»,
2019, p. 149):
1.
La naturaleza de los delitos que puedan dar lugar a una orden de
interceptación.
2.
Una definición de las categorías de personas susceptibles de te-
ner sus comunicaciones interceptadas.
3.
Un límite a la duración de la interceptación.
4.
El procedimiento a seguir para examinar, usar y almacenar los
datos obtenidos.
5.
Las precauciones que deben tomarse al comunicarlos a terceros.
6.
Las circunstancias en las cuales los datos interceptados pueden
o deben ser borrados o destruidos.
Además de estos requisitos, en la sentencia se recogen exigencias de
supervisión, notificación y existencia de posibles recursos en esta ma-
teria, que ya había recogido en anteriores pronunciamientos judiciales.
Por consiguiente, una vez más, no hace falta tampoco irse tan lejos
para encontrar supuestos en los que, con motivo de velar por la seguri-
dad de un país –en este caso España–, las autoridades estatales acceden
a los datos que genera la telefonía móvil. A tal efecto, y como consecuen-
cia de la crisis que el COVID-19 generó a nivel mundial, el Gobierno de
España decretó el estado de alarma en fecha de 15 de marzo de 2020.
En consecuencia, entre las diferentes medidas que tal situación le pro-
porcionaba, destaca a los efectos del presente ensayo: el rastreo de telé-
fonos móviles de los ciudadanos en aras de comprobar que las medidas
restrictivas de confinamiento se estaban cumpliendo de manera efectiva.
En este caso, el proyecto consistía en recabar datos anónimos y
agregados de los móviles de la población (no datos personales), en fa-
vor de estudiar la movilidad de la población española y poder frenar la
pandemia generada por el virus. En este sentido, la ministra de Asun-
tos Económicos, Nadia Calviño, afirmaba que consistía en «desarrollar
elementos de inteligencia artificial para entender los desplazamientos