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Los datos de tráfico en las comunicaciones electrónicas
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de las personas y anticipar posibles cuellos de botella, aglomeraciones
o situaciones de tensión».
Con mayor razón, este no se trataba del primer estudio que el Es-
tado efectuaba de los datos provenientes de la telefonía móvil, sino
que, el Ministerio de Fomento ya trabajó con Orange en 2018 para ac-
ceder a los datos de abonados y analizar la movilidad interprovincial
de viajeros a nivel nacional, e igualmente, el INE (Instituto Nacional
de Estadística) firmó un acuerdo con Telefónica, Vodafone y Orange
para conocer los patrones de movilidad en todo el país (Ángel Méndez,
2020).
Como se observa, los Gobiernos no parecen obviar la manifiesta
cantidad de información que la telefonía móvil y los datos de tráfico
proporcionan. Por lo que, comienzan a hacer uso de la misma, no solo
alegando motivos de seguridad nacional como consecuencia de posi-
bles ataques terroristas o de una investigación criminal, sino que el
mero interés estadístico parece ser suficiente para injerir en la vida
privada de los ciudadanos.
Estas injerencias deben realizarse con mucha más cautela cuando
se trata de investigaciones policiales que den lugar a procedimien-
tos penales. Como bien es sabido, las investigaciones prospectivas son
contrarias al ordenamiento jurídico y lamentablemente, no sería la
primera vez que el trabajo policial se ve frustrado y señalado por estos
motivos.
Así pues, parece que pese a contar con una tecnología con enormes
posibilidades, su uso debe encontrarse siempre dentro del marco de la
legalidad. No solo es crucial estar dotado de herramientas adecuadas
y policías ilustrados en informática, sino que el conocimiento de la
normativa debe ser siempre la base en la que amparar las actuaciones
policiales.