195 / 226
CIENCIA
POLICIAL
194
La FGE lleva desde 2012 alertando de la necesidad de incluir un tipo
específico que castigue la suplantación de identidad en medios electró-
nicos. En la última Memoria Anual del 2020, se hace como propuesta
la inclusión de dicho delito como capítulo independiente del título de-
dicado a Falsedades (T. XVIII), con la siguiente redacción:
«El que, en perjuicio de otro, suplantare la identidad de una per-
sona física realmente existente, utilizando sus datos identificativos a
través de Internet, medio electrónico o sistema informático en línea
de tal modo que genere error sobre la intervención en esos medios de
la persona suplantada, será castigado con la pena de seis meses a dos
años de prisión.
A los efectos de este artículo se entenderá por datos identificativos
tanto los correspondientes a la identidad personal oficial como cua-
lesquiera otros que el afectado utilice habitualmente y por los que sea
públicamente conocido».
Recuerda la FGE la trascendencia cada vez mayor de la identidad di-
gital integrada por el conjunto de datos registrados en la Red, relativos
a una persona determinada, quedando en la generalidad de supuestos,
impune.
Otra iniciativa legislativa de interés propuesta por la FGE es incluir
en el catálogo de penas la «prohibición del derecho a acceder o visitar
determinados espacios virtuales, sitios o foros de Internet». El art. 48
CP, posibilita el impedir al condenado a acudir al lugar de comisión del
delito, en atención a las circunstancias que concurran y al riesgo de
reiteración delictiva. Sería deseable no limitar esta medida solo a es-
pacios físicos, sino que fuese aplicable con garantías a sitios virtuales,
facilitando la persecución del reincidente, por un delito de quebranta-
miento de condena.
Todas estas reformas serán insuficientes si no existen mecanismos
supranacionales de lucha. El carácter trasnacional de las organizacio-
nes dedicadas a los ciberdelitos hace imprescindible contar con con-
venios internacionales que permitan proseguir las investigaciones de
redes criminales en otros países a través de mecanismos de colabora-
ción. También es vital contar con protocolos que permitan la solicitud
de información de usuarios a los gigantes de Internet, como Google