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La suplantación de identidad. Tipologías y respuesta jurídico-penal
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Conclusiones
La delincuencia está migrando hacia el mundo virtual, siendo
el escenario donde tocará dar la batalla por el mantenimiento de un
ecosistema cibernético seguro. Los datos analizados nos muestran una
tendencia ascendente en la incidencia de los delitos informáticos, en
torno a los que gira las nuevas formas de suplantación. El cada vez
mayor uso de las redes, acelerado en estos tiempos de pandemia que
sufrimos, no hace sino provocar un crecimiento exponencial de estas
prácticas, que pondrán (y ponen ya) a prueba la capacidad de adapta-
ción de nuestras instituciones.
En los próximos años veremos si estas instituciones, están prepara-
das para los vertiginosos cambios que sufrimos, que nos dirigen inexo-
rablemente hacia una modificación en nuestros hábitos, pero también
en un cambio en las conductas criminales. Se han analizado los instru-
mentos legislativos con los que contamos para perseguir estas conduc-
tas. Parece que realmente existen vías de encaje penal de la mayoría de
los supuestos de suplantación recopilados en este trabajo.
Entonces, ¿se debería crear un nuevo delito específico de suplan-
tación en el entorno digital? Considero que no es una solución mágica
a esta problemática, pero sí una manera de facilitar la calificación
de algunas conductas ambiguas, o de suplir la falta de aplicabilidad
del estudiado art. 401 CP. Es posible que la inclusión de un tipo penal
específico para la suplantación digital permita anteponer la barrera
punitiva de algunas prácticas defraudadoras en Internet, que solo son
castigadas una vez se ha producido el perjuicio patrimonial.
También debemos preguntarnos si realmente todas las conductas
suplantadoras revisten la gravedad suficiente como para que exista un
reproche penal (creación de perfiles falsos). Quizás deben fomentarse
otras vías para supuestos de escasa relevancia, como la vía administra-
tiva que nos habilita la LOPD o la vía civil. Ensanchar excesivamente
los tipos penales, puede provocar que las conductas realmente graves
no se persigan de manera eficaz, y se provoque un desbordamiento
indeseado de las causas penales e investigaciones.