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La suplantación de identidad. Tipologías y respuesta jurídico-penal

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o Facebook, que se rigen por legislaciones de terceros países, provo-

cando respuestas no siempre satisfactorias a los requerimientos de

información judiciales y policiales.

Pero más allá de las innovaciones legislativas, es capital que exis-

tan recursos destinados a prevenir y luchar contra la criminalidad en

la Red, y que permitan al Estado estar a la altura de las amenazas del

siglo XXI. El reciente Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, ela-

borado por la SES, cuenta como objetivos específicos el «impulsar la

formación y especialización de los miembros de las FFCCSE en materia

de ciberseguridad y cibercriminalidad», así como el «gestionar adecua-

damente la información disponible en el ciberespacio».

También dentro de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de

2019 encontramos la necesidad de «promover la ciberseguridad para

garantizar la privacidad y protección de datos personales dentro del

marco de los derechos digitales del ciudadano acorde con el ordena-

miento jurídico, promoviendo la protección de la “identidad digital”».

Es necesario también, contar con tribunales realmente especiali-

zados en cibercriminalidad, que cuenten con medios y conocimientos

específicos para enjuiciar dichas tipologías que exigen unos conoci-

mientos tecnológicos con el que no siempre cuentan los encargados

de instruir y enjuiciar las causas. En este sentido, ya en 2011, la FGE

creó con éxito la figura del Fiscal de Sala de Criminalidad Informática.

Por último, en el marco de la Policía Nacional, será capital la trans-

formación digital, siendo uno de sus objetivos estratégicos. La Unidad

Central de Ciberdelincuencia deberá seguir creciendo en medios, sien-

do uno de los objetivos del Plan Estratégico de Policía Nacional 2017-

2021, el «prevenir y luchar contra la ciberdelincuencia», potenciando

la ciberseguridad, detectando amenazas, potenciando la atención al

ciudadano y luchando contra el fraude en Internet. Las unidades terri-

toriales deben tener no obstante capacidad propia de investigar estos

delitos, encargándose la UCC (Unidad Central de Criminalística) de los

hechos más graves y sirviendo de asesoramiento y apoyo a las unida-

des territoriales.