157 / 210
CIENCIA
POLICIAL
156
12
Medidas de adaptación y transitorias
Las medidas de protección establecidas en la ley tienen efec-
tos retroactivos respecto a todos aquellos informantes que lo necesiten
desde la entrada en vigor de la Directiva UE 2019/1937 de protección
del alertador.
Y, se dispone que, tras la vigencia de la ley, a los dieciocho meses se
realizará una evaluación sobre la ley y sobre el cumplimiento de sus
objetivos, debiendo además aprobarse por el Gobierno, en colabora-
ción con las CC. AA. una Estrategia contra la Corrupción.
También se establecen los plazos para la implantación de los cana-
les de información, en los señalados anteriormente.
Se dispone que los informantes pueden acogerse a la asistencia le-
trada gratuita de conformidad con lo establecido en la Ley 1/96.
Por último, modifica la Ley de la Competencia para extender la pro-
tección a los informantes de la Dirección General de la competencia
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; y de la
Comisión o Servicio Ejecutivo del Blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo de acuerdo con la Ley 10/2010. A las informaciones re-
lacionadas con la Ley 10/2014, de solvencia de las entidades de crédito.
Como posible crítica de la ley que, como se ha señalado, es la trans-
posición al derecho interno de la Directiva Europea, es que, a dife-
rencia de esta que establece la posibilidad de que el canal de denun-
cias sea interno o externo, la nueva ley ha optado por establecer un
canal interno para que, según se explica en su texto, sea la empresa
la primera que tenga conocimiento de los hechos y pueda adoptar las
medidas oportunas para evitar cualquier daño o la continuidad de la
irregularidad o ilícito denunciado. Aunque permite que la gestión sea
interna o externa, esa decisión podría suponer un obstáculo para la
transparencia y la lucha contra la corrupción, como han señalado al-
gunos autores, pues la empresa será la primera interesada en que los
hechos no trasciendan por el perjuicio reputacional y la posible res-
ponsabilidad penal y, por ello, incluso podría justificar el ocultamiento