L
a Ley 2/2023, de 20 de febrero, es la transposición al Or-
denamiento Jurídico español de la Directiva UE 2019/1937,
conocida como Directiva “
Whistheblowing
”, o de protección
del informante o alertador.
La Ley establece un sistema de protección legal del informante o de-
nunciante, frente a posibles represalias, por las informaciones o de-
nuncias que puedan hacerse a través de los canales de denuncias in-
ternos, incluso anónimamente, que deben tener todas las empresas
de más de 50 trabajadores y los Organismos Públicos, o a través de
un canal externo que gestionará una Autoridad Estatal independiente.
Además, un aspecto importante de la nueva disposición legal es que
con ello se pretende facilitar la colaboración de los ciudadanía en la
lucha contra la corrupción y la comisión de delitos o infracciones
muy graves en el seno de las entidades del sector privado pero tam-
bién en el ámbito de las Admiraciones Públicas.