L
o usurpación pacífica de bienes inmuebles que no
constituyen morada se ha erigido en un problema de
seguridad ciudadana. La posibilidad de evitarla po-
licialmente está limitada por la huida del legislador
hacia el derecho civil, y habida cuenta de que en la
mayoría de ocasiones la usurpación va unida a delitos de defrau-
dación de fluido eléctrico y agua, narcotráfico, delitos contra el
patrimonio, o molestias por emisión de ruidos, la convivencia jun-
to a inmuebles objeto de usurpación puede devenir imposible.
Las herramientas con que cuenta la policía son pocas y difíciles de
aplicar, al estar bajo la sombra de la duda la existencia o no de delito
en determinados casos.