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L

o usurpación pacífica de bienes inmuebles que no

constituyen morada se ha erigido en un problema de

seguridad ciudadana. La posibilidad de evitarla po-

licialmente está limitada por la huida del legislador

hacia el derecho civil, y habida cuenta de que en la

mayoría de ocasiones la usurpación va unida a delitos de defrau-

dación de fluido eléctrico y agua, narcotráfico, delitos contra el

patrimonio, o molestias por emisión de ruidos, la convivencia jun-

to a inmuebles objeto de usurpación puede devenir imposible.

Las herramientas con que cuenta la policía son pocas y difíciles de

aplicar, al estar bajo la sombra de la duda la existencia o no de delito

en determinados casos.