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La investigación se inició a raíz de la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, que alertó sobre posibles irregularidades en varias empresas vinculadas entre sí y gestionadas a través de una misma gestoría. Las primeras pesquisas permitieron detectar un patrón común, basado en la creación de sociedades sin actividad económica verificable, pero dadas de alta en la Seguridad Social.

Empresas ficticias y administradores ilocalizables

Uno de los primeros indicios se localizó en la empresa principal, cuyo domicilio social correspondía a una vivienda particular en la que no se desarrollaba ninguna actividad económica. Los responsables, tanto de esta como de otras mercantiles, resultaron ilocalizables pese a figurar formalmente como administradores.

Las sociedades investigadas compartían características similares tales como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios —en ocasiones ubicados en espacios de coworking—, cambios frecuentes de titularidad y ausencia de actividad económica. Dificultaban así el control por parte de las autoridades y favoreciendo la continuidad del fraude.

Tras estas empresas se ocultaban terceros que dirigían realmente la operativa, utilizando a los administradores como testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin que existiera una relación laboral real.

Simulaban trabajar el mismo día en distintos sitios del país

Avanzada la investigación se detectó la existencia de trabajadores dados de alta simultáneamente en varias empresas situadas en provincias no limítrofes, llegando incluso a figurar prestando servicios el mismo día en diferentes puntos del territorio nacional permitiendo generar derechos de cotización que posteriormente eran utilizados para solicitar prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

Se logró acreditar que al menos 30 supuestos trabajadores llegaron a percibir dichas prestaciones tras cesar su actividad en las empresas investigadas, causando un importante perjuicio económico al sistema público que asciende a 162.030 euros. En muchos casos, los beneficiarios abandonaban posteriormente el territorio nacional mientras continuaban percibiendo las ayudas.

Papel de la asesoría

Paralelamente, los agentes detectaron una red de sociedades interconectadas que emitían facturas por servicios poco definidos, sin concreción sobre los trabajos realizados ni los periodos de ejecución siendo investigada por posibles delitos relacionados por defraudación del IVA y el Impuesto de Sociedades.

El análisis realizado reveló discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios, así como la existencia de intermediarios que suministraban mano de obra a explotaciones agrícolas sin que los contratantes conocieran la identidad real de los responsables.

En este entramado, una asesoría desempeñaba un papel relevante al encargarse de la gestión administrativa de las sociedades, incluyendo la tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social, así como la elaboración de contratos, nóminas y documentación tributaria. Según las investigaciones, estas gestiones se realizaban mediante el uso de certificados digitales de los administradores formales sin su intervención directa.

Como resultado de la operación, se ha determinado la responsabilidad penal de 36 personas, de las cuales 12 han sido detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, delito de falsedad documental y usurpación del estado civil.