Prentsa aretoa

La investigación policial comenzó gracias a una denuncia recibida en el correo electrónico trata@policia.es, una de las herramientas, junto a la línea telefónica 900 10 50 90, con las que cuenta el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

A raíz de la información recibida, y después de numerosas indagaciones, los agentes pudieron constatar la existencia de una organización criminal, asentada en la provincia de Barcelona y en Ámsterdam (Países Bajos), que se dedicaba a captar mujeres y trasladarlas a lugares como Doha (Catar), Ámsterdam, Australia, o ciudades españolas como Ibiza, para ofrecer sus servicios sexuales.

Las víctimas que viajaban fuera de España eran instruidas para que cruzaran las fronteras simulando ser turistas, e incluso eran inscritas en cursos de formación para que accedieran con el visado de estudiante. Previamente entregaban a la organización un álbum fotográfico a fin de que publicaran sus imágenes en distintas páginas web dedicadas a la oferta de servicios sexuales.

Durante la captación, el entramado criminal prometía a las mujeres unas condiciones económicas y personales muy ventajosas que finalmente no se correspondían con las ofertadas. Así, eran sometidas a un férreo control físico, las obligaban a estar disponibles las 24 horas del día y eran controladas a través de cámaras de video vigilancia en las casas de citas, llegando a ser sancionadas económicamente si las citadas cámaras se desconectaban.

Agresiones sexuales y robos

En la ciudad catarí de Doha las víctimas eran alojadas en apartamentos turísticos reservados por la organización y percibían sólo un 50% del dinero acordado. Varias de ellas fueron agredidas sexualmente y sufrieron robos por parte de algunos clientes, quedando completamente desamparadas en el país que lograron abandonar gracias a la ayuda de amigos o familiares.
Por otra parte, las mujeres enviadas a Ámsterdam eran controladas por un miembro de la organización ubicado en esa ciudad, que se encargaba de recogerlas en el aeropuerto, trasladarlas a la casa de citas en la que debían prestar los servicios sexuales, recaudar periódicamente el beneficio obtenido e incluso amenazarlas en caso de que se plantearan abandonar la casa.

La operación policial ha finalizado con la entrada y registro en dos domicilios de la provincia de Barcelona donde se ha intervenido abundante documentación relacionada con los delitos investigados, libretas de contabilidad de los servicios realizados por las víctimas, documentación fraudulenta utilizada por miembros de la organización, agendas telefónicas, diverso material informático y 85 gramos de hachís.