Sala de prensa

La investigación, iniciada en abril del 2025 a raíz de la denuncia de uno de los entes públicos perjudicados, ha permitido constatar que el entramado criminal habría obtenido financiación pública por valor de más de 1,5 millones de euros, mediante la concesión fraudulenta de créditos dirigidos al tejido empresarial.

Para ello, los investigados creaban o adquirían sociedades limitadas, colocando al frente de las mismas a personas interpuestas y utilizando documentación falsa con el fin de acceder a las ayudas.

57 sociedades utilizadas para el fraude

Los agentes han acreditado la utilización de más de 50 sociedades instrumentales, empleadas para solicitar y obtener financiación pública. Una vez recibidos los fondos, los investigados simulaban una actividad económica mediante la emisión de facturación entre empresas del propio grupo, generando una apariencia de elevado volumen de negocio sin que existiera una actividad real.

Cuando vencía el plazo de devolución de los créditos, las sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, derivando en su quiebra e insolvencia y evitando así la devolución de los importes obtenidos.

Hasta 234 cuentas bancarias

Esta red criminal tenía una estructura piramidal con un claro reparto de tareas. En la cúspide se encontraban cuatro personas, un matrimonio y dos varones, que se encargaban de controlar todas las empresas, así como las operativas de blanqueo de capitales consistentes en la compra de inmuebles tanto en España como en el extranjero. Durante la investigación se analizaron los movimientos de las cuentas bancarias de estas sociedades y sus titulares, logrando identificar hasta 234 cuentas distintas.

La otra parte de la organización, se dedicaba a figurar en las empresas y cuentas bancarias como testaferros y a remitir la documentación falsa para la obtención ilícita de créditos a PYMES o a su posterior blanqueo.

Exhibían en sus redes sociales su alto nivel de vida

Las pesquisas han permitido determinar que los principales investigados destinaban los fondos obtenidos a mantener un elevado nivel de vida, incluyendo viajes, más de 400.000 euros en alquiler de vehículos de lujo, la adquisición de inmuebles y el traslado de capital al extranjero. Los agentes constataron que habían desviado más de 600.000 euros en la compra de un chalet en Murcia y aproximadamente otros 430.000 euros en la adquisición de apartamentos en República Dominicana.

En el marco de la operación se han llevado a cabo tres entradas y registros en la provincia de Murcia, donde se ha intervenido cinco vehículos, siete lingotes de oro valorados en más 18.200 euros, seis teléfonos móviles, un ordenador, tres relojes de alta gama y más de 13.200 euros en efectivo. Además se han bloqueado 112 cuentas bancarias y una vivienda unifamiliar.

El pasado 28 de abril se estableció un dispositivo que culminó con la detención simultánea de 24 personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.