Sala de prensa

La investigación comenzó a inicios del pasado año 2021 tras la denuncia interpuesta por la Motion Picture Association que daba cuenta de hasta 14 grabaciones clandestinas detectadas en distintas salas de cine de Madrid,  actividad que constituye un uso ilícito y no autorizado de contenidos destinados única y exclusivamente a su exhibición en cines.

Los agentes comprobaron que estas grabaciones “piratas” eran editadas y después publicadas en páginas web especializadas en la distribución de contenidos protegidos. Su análisis técnico permitió individualizar los dispositivos empleados para estas filmaciones ilícitas, llegando a la conclusión de que eran realizadas por dos personas distintas, en concreto por dos varones que se pudo acreditar que asistían con regularidad a las salas de cine objeto de investigación.

Primera investigación y detención dilatada en el tiempo

El operativo policial se centró entonces en diseñar vigilancias en diferentes salas de cine de la Comunidad que se prolongaron en el tiempo, intensificándose en las fechas de lanzamiento de estrenos relevantes. El despliegue de los agentes concluyó con la detención de los dos varones en diferentes momentos, siendo sorprendido uno de ellos in fraganti cuando estaba grabando la película, utilizando para ello un teléfono móvil dotado de una aplicación específica para la grabación discreta y con ajustes de parámetros técnicos.

Estos hechos suponen la primera investigación dilatada en el tiempo que ha logrado la identificación y detención de “camcorders”, ya que hasta el momento solo se habían logrado arrestos de autores de hechos similares cuando eran sorprendidos in fraganti dentro de la propia sala de cine por sus responsables.

Ocupaban un puesto de nivel bajo pero fundamental

Los detenidos –conocidos por su especialidad delictiva como “camcorders”– ocupaban un puesto de nivel bajo en la estructuras de las respectivas redes internacionales a las que pertenecían. Sin embargo, su papel era fundamental dentro de estas organizaciones al ser los encargados  de proveer las grabaciones que después eran facilitadas a otros integrantes para su edición, alojamiento y publicación. Por cada uno de estos filmes recibirían entre 250 y 400 euros, dependiendo de la calidad del contenido y de la relevancia del estreno.

Mediante este modus operandi, los integrantes de estas redes –una de ellas con mayor implantación en Sudamérica y otra en el este de Europa– obtenían ingresos por la publicidad insertada en las páginas web especializadas donde se publicaban las películas “piratas”, que estaban disponibles a través de enlaces de descarga. Asimismo, estas personas obtenían otros beneficios económicos por los accesos de pago a dichos sitios web de los clientes.