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menos visibles. El nuevo enfoque en las investigaciones relacionando
el delito medioambiental con delitos como el blanqueo de capitales
puede atribuirse también a la declaración de la prioridad.
ALFONSO RODRÍGUEZ, Adriano J. (2023): «Policía judicial y
fiscal investigador: Realidades y tendencias».
Revista Ciencia Po-
licial
, n.º 177, pp. 69-95.
El artículo analiza detalladamente cuál debe ser la actuación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando operan como policía ju-
dicial, así como la especial función de dirección de la investigación
policial que tiene atribuida la Fiscalía en las investigaciones previas a
la apertura de juicio oral. Para finalizar, el autor incorpora una breve
reflexión sobre el nuevo modelo de investigación representado por la
Fiscalía Europea y su posible introducción en el sistema jurídico-pro-
cesal español.
ARENA MORALES, Francisco; ORTUETA DE BENITO, Rafael y
SEOANE LÓPEZ, Rosa M.ª (2022): «Formación en la prevención de
riesgos legales en la actuación policial». Fundación Policía Espa-
ñola, 2.º Panel: Nuevos desafíos de la formación en una sociedad
globalizada, pp. 61-90.
Los ponentes explican los objetivos de la prevención de riesgos pe-
nales. Cómo prevenir la comisión de ilícitos en el seno de la organiza-
ción y evitar responsabilidades personales y económicas, cómo evitar
el daño reputacional y cómo generar cultura ética de cumplimiento.
GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023): «El blanqueo de capitales en la
persona jurídica: evolución normativa».
Revista Ciencia Policial,
n.º 177, pp. 97-129.
Para entender la lucha contra el blanqueo de capitales que se des-
pliega en nuestro ordenamiento jurídico, resulta necesario compren-
der los orígenes del fenómeno, las ubicaciones geográficas donde
surgieron los primeros casos, el papel que juega España en el mapa
internacional que el blanqueo de capitales ha ido dibujando desde
que se erigió en un problema con dimensiones internacionales; pero,
sobre todo, reconocer que a nivel policial se debe ensanchar el campo
de visión ante este fenómeno. Actualmente y desde la Ley 10/2010, de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del