Sala de prensa

Los hechos que han motivado la investigación están relacionados con unos supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera. 

La empresa, de la que es administrador único el detenido, desde su apertura hasta 2020 apenas registró actividad comercial. Sin embargo, entre 2020 y 2022 registró dos ingresos por un importe total superior a los cuatro millones y medio de euros. Ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de una planta de transformación de productos pesqueros. Dichos fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.

La empresa no había realizado trabajos similares desde su constitución

En cuanto a la empresa mencionada encargada del proyecto, los investigadores averiguaron que no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución. Pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.

Todos estos indicios motivaron la presentación de la oportuna querella en la Audiencia Nacional en la que el Fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón. En ellos  se intervino numerosa documentación relacionada con los hechos, 30.000€ en efectivo, se embargaron cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros con un saldo superior a los dos millones de euros.

Esta operación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han dado apoyo a los investigadores a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).