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La investigación se inició en el mes de diciembre de 2018, después de que se recibiera un escrito de la Fiscalía Provincial de Huelva en el que se participaba de unos hechos detectados por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, donde se alertaba de una serie de irregularidades en las recetas facturadas por una farmacia de Huelva.

En los inicios de la investigación, los agentes detectaron cómo en las recetas facturadas por esta farmacia existían cupones-precintos de medicamentos falsos, localizando a usuarios de la farmacia que advertían de la retirada de sus medicamentos por parte de la misma sin su autorización.

Estas pesquisas culminaron en el mes de mayo de 2019, cuando los agentes llevaron a cabo una diligencia de entrada y registro en la oficina de farmacia, ordenada por el Juzgado que entiende del caso. En este registro fueron incautados 73.074 cupones falsos o indebidos que eran utilizados por el farmacéutico para la cumplimentación de las hojas justificantes de receta que, posteriormente, remitía para su cobro.

Vaciado de tarjetas

La farmacia realizaba distintas acciones para conseguir el fin defraudatorio, siendo la más significativa la denominada como “vaciado de tarjetas”, es decir, la retirada no autorizada por el farmacéutico de medicamentos que figuraban prescritos en la receta electrónica de los usuarios. Se trataba de una dispensación simulada, ya que no se producía la entrega efectiva del medicamento y se hacía uso de los cupones-precintos falsos para la obtención de beneficio económico fraudulento. Esto conllevaba, en muchas ocasiones, un perjuicio para el usuario ante la imposibilidad de retirar los medicamentos prescritos por su médico.

Los investigadores han constatado que se trataba de una actividad organizada e integrada en el funcionamiento habitual de la farmacia, con el conocimiento y colaboración de todos los empleados que la llevaban desarrollando  durante los últimos ocho años, perfeccionándose con el paso del tiempo. Prueba de ello es que, en la actualidad, tenían en su poder una gran cantidad de tarjetas sanitarias de usuarios que gestionaba la farmacia con total autonomía. 

Además, dentro de las instalaciones existía una dependencia dedicada, en exclusiva, a la confección de los documentos falsos que posteriormente se remitían para su facturación al Sistema Andaluz de Salud. Otra muestra de la profesionalización que había alcanzado es la contratación de los servicios de una imprenta para la confección de los cupones-precinto falsos, con lo que obtenía copias de gran calidad y lograban una gran similitud con los originales.

Se ha concluido que la cuantificación económica de la estafa asciende a más de dos millones de euros que es el sumatorio de los 600.989,70 euros defraudados al Servicio Andaluz de Salud y, por otro, del valor de los documentos que se intervinieron al farmacéutico.