Sala de prensa

La investigación comenzó en el año 2023 tras una denuncia interpuesta por una entidad financiera que identificó como uno de sus clientes estaba sufriendo un perjuicio económico por un uso no autorizado de sus tarjetas bancarias.

Tras varias gestiones, los agentes detectaron un primer modus operandi que consistía en el uso de herramientas software para realizar llamadas a las víctimas, mediante la suplantación de números de teléfono, tratando de ganarse su confianza para más tarde vaciar sus cuentas (técnica conocida como spoofing). Posteriormente se pudo identificar que la organización criminal buscaba nuevas formas de cometer estafas, utilizando otros modus operandi como el phishing bancario y la estafa del hijo en apuros.

Los ciberdelincuentes contaban con diversas medidas dentro de la organización criminal para garantizar el anonimato de sus actividades delictivas, destacando que las comunicaciones entre sus miembros se realizaban mediante chats privados de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

La organización mantenía un complejo aparato financiero que incluía una red de mulas de dinero distribuidas por todo el territorio nacional. Las mulas ponían a disposición de la organización sus propias cuentas bancarias para recibir trasferencias fraudulentas obteniendo a cambio una recompensa de 20 euros, realizando el reintegro del dinero lo más rápido posible para dificultar el rastreo y darle una apariencia legal, consiguiendo de esta forma blanquear el dinero fraudulento.

Los ciberdelincuentes falsificaban recetas médicas para obtener ansiolíticos y antidepresivos

Durante las entradas y registros realizados también se descubrió que la organización se dedicaba, presuntamente, a traficar con sustancias estupefacientes, disponiendo en sus domicilios de utensilios para la elaboración, procesamiento y adulteración de las mismas. Los ciberdelincuentes falsificaban recetas médicas para obtener fármacos ansiolíticos y antidepresivos. La información encontrada en los dispositivos intervenidos muestra que también falsificaban moneda legal y para ello disponían de algunos de los elementos de seguridad que utilizan los billetes de curso de curso legal.

Esta organización ha ocasionado por el momento un perjuicio económico de 125.000 euros contando con un total de 73 víctimas. La operación ha concluido con la intervención de diversas armas blancas, dos básculas de precisión, lingotes de oro, relojes de alta gama, 46.000 euros en criptomonedas, 32 teléfonos móviles, una impresora para la producción de tarjetas bancarias junto con documentación personal falsa, más de 200 tarjetas SIM  y cuatro sellos automáticos de médicos colegiados junto a recetas medicas falsificadas. Además, los investigadores han conseguido que se bloquearan 49 cuentas bancarias de la organización.