Sala de prensa

La organización criminal captaba a las víctimas en sus países de origen, donde contaba con colaboradores que se encargaban de localizar mujeres en situación de escasez y penuria económica a las que ofrecían falsas ofertas de trabajo en España como empleadas del hogar, o en algunos casos como webcammer para hacer transmisiones por internet con contenido erótico pero sin contacto físico con clientes. Una vez aceptada la propuesta, el entramado financiaba y gestionaba todo lo relacionado con el traslado hasta la isla canaria de Lanzarote, simulando un viaje de turismo y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para no levantar sospechas en los controles fronterizos.

Hacinadas en un piso prostíbulo

Ya en Lanzarote, los explotadores trasladaban a las mujeres a un piso prostíbulo ubicado en la localidad de Arrecife, donde se las retiraba el pasaporte y eran informadas de que habían adquirido una deuda económica cercana a los 10.000 euros  que debían saldar ejerciendo la prostitución. En ese mismo piso las mujeres vivían en condiciones indignas, hacinadas en literas distribuidas en varias habitaciones que no tenían puertas ni ventanas. Además del citado piso, el entramado utilizaba un local ubicado en la localidad de Puerto del Carmen para explotar a sus víctimas. Dicho local, que simulaba ser un centro de masajes, sólo estaba abierto durante las noches y para clientes que demandaban servicios sexuales de mayor nivel o duración.

La organización sometía a las mujeres a un férreo control a través de sistemas de video vigilancia, las obligaban a estar disponibles las 24 horas del día sin poder rechazar ningún servicio y a consumir drogas en el caso de que se les requiriera, todo ello bajo graves amenazas físicas hacia a ellas y sus familiares.

Sistema de multas

La deuda impuesta por la red criminal se incrementaba continuamente mediante un sistema de multas que dificultaba a las mujeres poder satisfacerlas. Las sanciones, que rondaban entre los 20 y los 40 euros, eran impuestas por hechos como no limpiar, no sacar la basura o regresar al piso después de la hora permitida. Los investigados se quedaban con el 40% de los ingresos generados por las mujeres, aunque realmente éstas no recibían cantidad alguna hasta que no saldaban la deuda contraída.

La organización criminal también se hacía cargo de la publicación de los servicios sexuales en páginas web especializadas y varias encargadas, conocidas como “mamis”, eran responsables de atender los teléfonos de contacto a los que llamaban los clientes y de controlar el pago de los servicios, que se podía hacer en metálico, con tarjeta bancaria e incluso a través de una aplicación de pago por teléfono móvil.

La red criminal también utilizaba los inmuebles en los que operaba para vender a los clientes que lo demandaban diversas sustancias estupefacientes, cocaína y tutsi principalmente, así como medicamentos indicados para la disfunción eréctil.

Durante la operación policial se han registrado seis inmuebles de las localidades de Arrecife y Puerto del Carmen, en los que se ha intervenido 9.085 euros y  2.200.000 pesos colombianos en efectivo, 55 gramos  de tutsi y otras cantidades de cocaína y marihuana, 100 comprimidos para el tratamiento de la disfunción eréctil, cuatro teléfonos móviles y gran cantidad de documentación relevante para la investigación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Con la trata no hay trato

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.