Sala de prensa

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que decía ser víctima de una trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en la región de Cantabria. Con ese punto de partida, los agentes iniciaron una serie de pesquisas que les permitieron corroborar la existencia de ese entramado criminal asentado en la localidad cántabra de Torrelavega, pero que desarrollaba su actividad delictiva en varios pisos de citas ubicados en diferentes puntos de la geografía nacional.

Las víctimas, mujeres de origen latinoamericano, eran captadas en sus países de origen por una colaboradora del entramado que aprovechaba la precariedad en la que vivían y la necesidad imperiosa de obtener ingresos para presentarlas una oferta falsa de trabajo en España como webcammer de contenido sexual, aunque sin contacto personal directo con clientes.

Deuda de 6.500 euros

Una vez aceptada la propuesta, la principal responsable del entramado se encargaba de gestionar todo lo necesario para el traslado de las mujeres hasta nuestro país mediante un simulado viaje de turismo, financiando los gastos y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para lograr burlar los controles fronterizos. Ya en España, las mujeres eran enviadas a los pisos de citas donde se les retiraba el pasaporte y se les informaba de la deuda económica que habían contraído, que podía alcanzar los 6.500 euros, y que deberían saldar a través de ejercicio de la prostitución.

La explotación sexual se realizaba en pisos de citas regentados por terceras personas, quienes se dedicaban al alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución y que no siempre eran conocedoras de que esas mujeres estaban siendo forzadas a llevar a cabo esa actividad para saldar una deuda con sus traficantes.

Condiciones abusivas

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y solo podían descansar cuando así lo establecía la responsable de la organización. Tenían que pedir permiso para salir a la calle y eran obligadas a recibir a los clientes aunque estuvieran enfermas o con la menstruación. Los servicios que ofrecían eran publicados en webs de contacto sexuales y por ello debían pagar 100 euros semanales al entramado, lo que incrementaba la deuda inicial. La principal investigada era quien respondía a las peticiones de los clientes recibidas mediante llamadas telefónicas o a través de una aplicación de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y la duración de los servicios.

Durante la operación policial se ha llevado a cabo la entrada y registro en cinco inmuebles de Cantabria, Valladolid y Avilés, donde se ha intervenido 5.000 euros en efectivo, siete gramos de cocaína, tres terminales telefónicos y diversa documentación relacionada con la actividad ilegal

Con la trata no hay trato

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.