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Servidores de nóminas “hackeados” para desviar su capital

La investigación se inició a primeros de diciembre dell año pasado tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Granada, al detectar que cuatro nóminas de trabajadores habían sido manipuladas y el dinero había sido transferido a cuentas ajenas mediante un cambio en la domiciliación bancaria tras un “hackeo” del servidor. A finales del mismo mes, los investigadores detectaron el ingreso de una quinta nómina en una de las cuentas bancarias que había sido detectada como pertenecientes a esta organización criminal. En este caso, una de las consejerías  de Comunidad de Madrid, informó a los investigadores de la existencia de un incidente de seguridad en su sistema informático de características muy similares al ocurrido en Granada.

El método que utilizaban los miembros de este grupo consistía, sirviéndose de unos amplios conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas informáticos adquiridos de manera autodidacta desde muy temprana edad, en introducirse en los programas destinados a la gestión de nóminas para alterar su normal funcionamiento y lograr cambiar la domiciliación bancaria de las mismas. De esta forma, el dinero de cinco nóminas, pertenecientes a trabajadores de estas instituciones, acabó siendo transferido a dos cuentas de dos bancos diferentes que, a su vez, habrían sido abiertas utilizando documentación falsificada. En estas cuentas se detectaron además, otros abonos de una cuantía relevante, presuntamente procedentes de otros fraudes informáticos. Por el momento, el conjunto de todo el capital asciende a  una cifra superior a los 53.000 euros.

Criptomonedas, deportivos de alta gama y numerosos dispositivos incautados

Tras la obtención fraudulenta del dinero, el siguiente paso consistía en desviar el capital hacia cuentas que la organización criminal poseía.  A través de una plataforma de compraventa de activos digitales, el capital conseguido ilícitamente se convertía en criptomonedas, dificultando así la trazabilidad del dinero defraudado. 

El desarrollo de esta operación culminó con  tres registros domiciliarios, uno de ellos en una vivienda perteneciente al principal investigado, en los que se han intervenido cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros, 70.000 euros en metálico, unos 50 dispositivos informáticos - smartphones, portátiles, discos duros o “ledger”, billetera para la custodia de criptomonedas - y unas 400 tarjetas de débito y crédito tipo “monedero”. Durante  la investigación han sido bloqueados más de 170.000 euros en criptomonedas.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descarta que otras instituciones hayan podido ser víctimas de esta actividad criminal. Sobre dos de los principales miembros de la organización se decretó su ingreso en prisión tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial.