Sala de prensa

La organización desarticulada tenía una estrategia perfectamente definida en cuanto a la adquisición de los medicamentos, su almacenamiento y distribución, anunciándose los investigados en redes sociales como “distribuidores autorizados”. Los principales puntos de distribución del producto eran Alicante, Toledo y  Torrejón de Ardoz (Madrid), lugares donde se han realizado los arrestos y tres registros; fruto de estos últimos se han intervenido 7.200 pastillas, un vehículo, dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y abundante documentación.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varias personas, ubicadas en Alicante, se estaban dedicando a la distribución de un gran volumen de pastillas para adelgazar. Los comprimidos se distribuían bajo la apariencia de un complemento alimenticio 100% natural, si bien la AEMPS -Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios- había lanzado en 2.013 una alerta de prohibición de comercialización en España de este producto. El motivo de la alerta es que contiene una sustancia química derivada de la anfetamina, no declarada entre sus componentes, cuyo consumo puede ocasionar graves riesgos para la salud, pudiendo llegar a producir infarto de miocardio, paro cardiaco, accidente cerebro-vascular o, incluso, la muerte.

Estrategia perfectamente definida para la adquisición, almacenamiento y distribución del producto

Con el avance de la investigación, los agentes detectaron que la organización actuaba en base a una estrategia perfectamente definida en cuanto a la adquisición, almacenamiento y distribución de los medicamentos. En primer lugar, contactaban con el proveedor del producto a través de redes sociales o páginas web extranjeras y concertaban un método de pago por el suministro del mismo. Los métodos de pago cambiaban periódicamente para dificultar su control o la acción policial, llegando incluso a abrir cuentas bancarias en el extranjero a nombre de alguno de sus clientes, usurpando con ello su identidad. Una vez pagados los productos, eran remitidos a través de diferentes empresas de paquetería a los miembros del grupo criminal. 

Por otra parte, el único momento en el que tenían almacenadas grandes cantidades de producto era justo cuando lo recibían en las diferentes direcciones que facilitaban al proveedor. Una vez que lo tenían en su poder, comenzaban a distribuirlo inmediatamente para evitar que les intervinieran las pastillas en caso de una acción policial.

Los investigados se anunciaban en redes sociales como “distribuidores autorizados” del producto, engañando a sus clientes que les realizaban los pedidos vía telefónica o a través de las propias redes sociales. Finalmente, la forma de distribuirlo consistía bien en realizar entregas directamente en mano o bien a través de empresas de paquetería, llegando a utilizar varias empresas distintas en un mismo día. 

Los puntos de distribución del producto eran Alicante, Toledo y Torrejón de Ardoz (Madrid)

Gracias a las gestiones policiales practicadas, los agentes localizaron los principales puntos de distribución del producto, resultando ser Alicante, Villanueva de Alcardete (Toledo) y el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Asimismo, detectaron que esta misma organización estaba distribuyendo un producto novedoso en España, procedente de Colombia,  de similares características. Analizado dicho producto, la AEMPS ha determinado que también contiene la misma sustancia química no declarada entre sus componentes, motivo por el que el pasado mes de diciembre emitió una alerta prohibiendo su comercialización en nuestro país, hecho que también fue comunicado a las autoridades colombianas.

Finalmente, los agentes detuvieron a cinco personas -dos en Alicante, una en Toledo y dos en Torrejón de Ardoz (Madrid)- por los presuntos delitos de estafa a los consumidores, usurpación de estado civil y contra la salud pública. Además, realizaron tres registros fruto de los cuales intervinieron 7.200 pastillas de producto –conteniendo éste trazas de anfetamina-, un vehículo, dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y numerosa documentación. Por último, bloquearon ocho cuentas corrientes con un saldo total de 83.814 euros.